Laura ZárateHay que reconocer que a Rajoy le cuesta eso de concretar. En parte porque tras ese aire socarrón, previsible y de abuelete sensato, se esconde un hombre de ideas claras y escasas voluntades y habilidades para explicarlas. El ya sabe lo que tiene que hacer.
Llevamos meses, como mínimo, en ascuas, intentando saber cual será la amargar medicina que deberemos beber, para sanar nuestro malherido cuerpo social. Y hemos oído obviedades y golpes ya descontados.
La primera jornada del debate de investidura nos ha permitido, sin embargo, dar otro paso en la subida a la cima de la verdad.
Lo que parece claro, es que Rajoy basará su año Mariano en el famoso proverbio de Maquiavelo de que las medidas más duras, deben asumirse cuanto antes.
Ha habido mucho, como decía esta tarde el líder ugetista Cándido Méndez, de calculada ambigüedad. Pero la ha habido en las concreciones, no tanto en el camino a seguir. La idea de mantener las pensiones y actualizarlas, en una sociedad con una tasa de envejecimiento preocupante, tiene mucho de social, de protección de una masa débil de ciudadanos, pero también mucho de custodia del mercado, intentando mantener el nivel adquisitivo de un fragmento sustancial del consumo. En todo caso, los pagos indirectos, las ayudas sociales y la atención a la dependencia son cuestiones esenciales, sin las cuales, el mantenimiento del nivel adquisitivo, de poco vale. Como también será esencial conocer como se van a tratar los distintos tramos de pensión. Una subida lineal (de igual porcentaje para todos), de poco va a servir, cuando nos movemos en España es una escala dispar que va desde los 340 € hasta los varios miles mensuales. Ese abismo debe ser también afrontado.
El tema laboral sigue dejando incógnitas, y no sé si prometedoras. Al fin el gobierno, y en eso ha coincidido parte de la oposición ha tomado cartas en el asunto del autoempleo y los autónomos. La simplificación de los trámites administrativos, los apoyos a la investigación colaborativa o las ayudas en la contratación son pasos importantes. Y más aun la batería de medidas fiscales, la gran herramienta mariana para solventar la crisis.
Las medidas hacendísticas de apoyo a las empresas, las pequeñas y autónomos, principalmente, aunque no solo, abordan, casi por primera vez, la puesta en marcha de un procedimiento que permita compensar las deudas de las Administraciones con las empresas, en algo parecido a una cuenta corriente tributaria. Junto a ello, se eximirá a las empresas del pago del IVA de las facturas no cobradas, una medida que las evitará, como este año, tener que pagar más de 1700 millones de euros por servicios prestados y que han implicado unos costes, pero que aun no se han cobrado. Pueden ser también beneficiosas las modificaciones sobre el impuesto de sociedades, en el que se crea un tipo reducido del 20% para las empresas con una cifra de negocio inferior a 12 millones de euros (el nuevo régimen especial de reducida dimensión), y un aumento del tipo reducido del 25% para el primer medio millón de euros de la base imponible.
La idea parece clara, incentivar la actividad económica. Pero estas medidas no parece que vayan a dar frutos de inmediato. Y sin embargo de inmediato se pretende reducir el déficit estatal en 16.500 millones de euros. Un déficit que bien podría ser de 27.000 millones si, como parece claro, los ingresos van a ser menos de los estimados por el gobiernos aliente, dada la parálisis económica que vivimos.
Los sindicatos han querido ver que la salida al jeroglífico está en las administraciones públicas. Su reducción, en estructura y plantillas parece claro, los recortes en servicios y prestaciones también. Pero dos ambigüedades más de Rajoy son más inquietantes. ¿Qué quiere decir tasa de sustitución cero en las administraciones?. Posiblemente que digamos adiós a las oposiciones por un tiempo. Quizá lo necesitemos, y quizá una mayor flexibilidad de funcionarios, redistribuyendo las plantillas en puestos y destinos sea razonable. Pero es que el empleo público, o su carencia, puede ser un golpe imprevisible para las listas de paro y la demanda interna. Y es que un menor empleo, y las medidas de reducción de gasto que le acompañe, pueden tener un efecto devastador para la economía y para la igualdad social. Especialmente en tres campos, el educativo, el sanitario y el de la dependencia. Las cartas de no renovación de miles de trabajadores de los servicios sociales en las comunidades regidas por el PP, a contar desde el 30 de diciembre son un mal augurio. El deseo del gobierno de establecer un lista de servicios sanitarios básicos y una de potencial sujetos al copago, es un mal augurio. Y la promesa de un año más de bachillerato y extensión del bilingüismo y el trilinguismo, una quimera sin sentido, en este panorama de recortes, pues un año más de estudios y un cuerpo, que ahora no hay, de profesores bilingües, nos lleva a unas inversiones inverosímiles en este contexto de reducción de déficit.
Es este un aspecto que me parece especialmente llamativo. Un año más de bachillerato es una medida inteligente, de cara a la excelencia educativa. Inaudita sin contar con los recursos necesarios, y preocupante para el empleo. Muchos bachilleres van a dar media vuelta y no van a entrar en un sistema de formación que solo es un paso intermedio hacia la preparación laboral (universidad o FP superior), y les mantiene un año más sentados en el banco. Ahora bien, si lo que se pretende es desanimar y desviar gente a la formación profesional o al mercado laboral, perfecto.
Una última cuestión, que me ha resultado llamativa. Nuevos contratos, nuevas formas de negociación más locales, más manga ancha para el empresariado, aunque, eso si, más autoempleo y ayuda a la conciliación familiar. ¿Qué se va a hacer con el salario mínimo interprofesional?. ¿Que se va a hacer con los contratos de formación? ¿Qué se va a hacer con los investigadores, por ejemplo con los despedidos por el PP en Valencia o Madrid?.
Por lo demás, nada o casi sobre el problema vasco, la corrupción (que por sacar el tema le ha caído un buen rapapolvo a Rosa Diez), la reforma electoral o la reorganización del sistema autonómico, por poner algunos ejemplos.
Seguiremos subiendo escalones.
Llevamos meses, como mínimo, en ascuas, intentando saber cual será la amargar medicina que deberemos beber, para sanar nuestro malherido cuerpo social. Y hemos oído obviedades y golpes ya descontados.
La primera jornada del debate de investidura nos ha permitido, sin embargo, dar otro paso en la subida a la cima de la verdad.
Lo que parece claro, es que Rajoy basará su año Mariano en el famoso proverbio de Maquiavelo de que las medidas más duras, deben asumirse cuanto antes.
Ha habido mucho, como decía esta tarde el líder ugetista Cándido Méndez, de calculada ambigüedad. Pero la ha habido en las concreciones, no tanto en el camino a seguir. La idea de mantener las pensiones y actualizarlas, en una sociedad con una tasa de envejecimiento preocupante, tiene mucho de social, de protección de una masa débil de ciudadanos, pero también mucho de custodia del mercado, intentando mantener el nivel adquisitivo de un fragmento sustancial del consumo. En todo caso, los pagos indirectos, las ayudas sociales y la atención a la dependencia son cuestiones esenciales, sin las cuales, el mantenimiento del nivel adquisitivo, de poco vale. Como también será esencial conocer como se van a tratar los distintos tramos de pensión. Una subida lineal (de igual porcentaje para todos), de poco va a servir, cuando nos movemos en España es una escala dispar que va desde los 340 € hasta los varios miles mensuales. Ese abismo debe ser también afrontado.
El tema laboral sigue dejando incógnitas, y no sé si prometedoras. Al fin el gobierno, y en eso ha coincidido parte de la oposición ha tomado cartas en el asunto del autoempleo y los autónomos. La simplificación de los trámites administrativos, los apoyos a la investigación colaborativa o las ayudas en la contratación son pasos importantes. Y más aun la batería de medidas fiscales, la gran herramienta mariana para solventar la crisis.
Las medidas hacendísticas de apoyo a las empresas, las pequeñas y autónomos, principalmente, aunque no solo, abordan, casi por primera vez, la puesta en marcha de un procedimiento que permita compensar las deudas de las Administraciones con las empresas, en algo parecido a una cuenta corriente tributaria. Junto a ello, se eximirá a las empresas del pago del IVA de las facturas no cobradas, una medida que las evitará, como este año, tener que pagar más de 1700 millones de euros por servicios prestados y que han implicado unos costes, pero que aun no se han cobrado. Pueden ser también beneficiosas las modificaciones sobre el impuesto de sociedades, en el que se crea un tipo reducido del 20% para las empresas con una cifra de negocio inferior a 12 millones de euros (el nuevo régimen especial de reducida dimensión), y un aumento del tipo reducido del 25% para el primer medio millón de euros de la base imponible.
La idea parece clara, incentivar la actividad económica. Pero estas medidas no parece que vayan a dar frutos de inmediato. Y sin embargo de inmediato se pretende reducir el déficit estatal en 16.500 millones de euros. Un déficit que bien podría ser de 27.000 millones si, como parece claro, los ingresos van a ser menos de los estimados por el gobiernos aliente, dada la parálisis económica que vivimos.
Los sindicatos han querido ver que la salida al jeroglífico está en las administraciones públicas. Su reducción, en estructura y plantillas parece claro, los recortes en servicios y prestaciones también. Pero dos ambigüedades más de Rajoy son más inquietantes. ¿Qué quiere decir tasa de sustitución cero en las administraciones?. Posiblemente que digamos adiós a las oposiciones por un tiempo. Quizá lo necesitemos, y quizá una mayor flexibilidad de funcionarios, redistribuyendo las plantillas en puestos y destinos sea razonable. Pero es que el empleo público, o su carencia, puede ser un golpe imprevisible para las listas de paro y la demanda interna. Y es que un menor empleo, y las medidas de reducción de gasto que le acompañe, pueden tener un efecto devastador para la economía y para la igualdad social. Especialmente en tres campos, el educativo, el sanitario y el de la dependencia. Las cartas de no renovación de miles de trabajadores de los servicios sociales en las comunidades regidas por el PP, a contar desde el 30 de diciembre son un mal augurio. El deseo del gobierno de establecer un lista de servicios sanitarios básicos y una de potencial sujetos al copago, es un mal augurio. Y la promesa de un año más de bachillerato y extensión del bilingüismo y el trilinguismo, una quimera sin sentido, en este panorama de recortes, pues un año más de estudios y un cuerpo, que ahora no hay, de profesores bilingües, nos lleva a unas inversiones inverosímiles en este contexto de reducción de déficit.
Es este un aspecto que me parece especialmente llamativo. Un año más de bachillerato es una medida inteligente, de cara a la excelencia educativa. Inaudita sin contar con los recursos necesarios, y preocupante para el empleo. Muchos bachilleres van a dar media vuelta y no van a entrar en un sistema de formación que solo es un paso intermedio hacia la preparación laboral (universidad o FP superior), y les mantiene un año más sentados en el banco. Ahora bien, si lo que se pretende es desanimar y desviar gente a la formación profesional o al mercado laboral, perfecto.
Una última cuestión, que me ha resultado llamativa. Nuevos contratos, nuevas formas de negociación más locales, más manga ancha para el empresariado, aunque, eso si, más autoempleo y ayuda a la conciliación familiar. ¿Qué se va a hacer con el salario mínimo interprofesional?. ¿Que se va a hacer con los contratos de formación? ¿Qué se va a hacer con los investigadores, por ejemplo con los despedidos por el PP en Valencia o Madrid?.
Por lo demás, nada o casi sobre el problema vasco, la corrupción (que por sacar el tema le ha caído un buen rapapolvo a Rosa Diez), la reforma electoral o la reorganización del sistema autonómico, por poner algunos ejemplos.
Seguiremos subiendo escalones.
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